Bill Nelson, el actual líder de la NASA, dijo este año en una entrevista: «Queremos impedir que China llegue y diga que el agua es suya». Se refería, específicamente, al polo sur de la Luna, un territorio de nuestro satélite que de pronto se ha vuelto muy codiciado. Y al que no solo quiere llegar China y EE. UU. Rusia e India, por ejemplo, ya están apurando sus planes para llegar en los próximos años. ¿Por qué?
Sí, el agua. Científicos de la Academia Nacional de Ciencias de China han estimado que puede haber unos 270.000 millones de toneladas de agua congelada en el polo sur de la Luna. Estos depósitos pueden ser fuente de hidrógeno y oxígeno, que podría usarse para fabricar combustible para cohetes. Pero, además, en el suelo lunar también hay presencia de otros minerales, como el escandio, el itrio y lantánido. Estos tres son metales utilizados en la fabricación de computadoras, teléfonos inteligentes y otros artefactos tecnológicos.
En otras palabras: una potencial mina lunar. ¿Cómo podrían China y EE. UU. ponerse de acuerdo? Cuando Nelson confesó su preocupación sobre la llegada de China al polo sur de la Luna, lo comparó con la situación de las islas Spratly, un archipiélago en Asia que disputan desde años seis naciones. Entre ellas, China, Filipinas y Vietnam.
«Este territorio estaba en aguas internacionales, y China llegó y las reclamó para sí; empezaron a construir pistas de aterrizaje», dijo Nelson. E insistió: «Queremos impedir este tipo de cosas». ¿Pero puede China reclamar soberanía sobre alguna parte de la Luna? ¿Puede hacerlo EE. UU.? En definitiva: ¿de quién es la Luna?
Los planes de la NASA para aclarar quién es dueño de la Luna
De todos los planes de viajes a la Luna en marcha, el de EE. UU. parece ser el más avanzado. La NASA espera enviar a un grupo de astronautas en la misión Artemis al final de 2025. Será la primera vez luego de más de 50 años que un humano pise suelo lunar. China, siempre con más hermetismo, ha dicho que quiere llegar cerca del 2030 —la NASA ya ha dicho que teme que ocurra antes—. Rusia puso fecha para en algún momento de la década que viene y la India, para 2040.
En los preparativos de la misión de la NASA no todo tiene que ver con tecnología. A la par del desarrollo de los equipos y vehículos, la agencia estadounidense viene impulsando lo que llaman los Acuerdos de Artemis, un convenio que EE. UU. impulsa a nivel mundial para fijar principios básicos para la exploración en la Luna. También hacen referencia a lo que pueda ocurrir en Marte, cometas y asteroides.
La iniciativa arrancó en 2020. Desde entonces, la NASA ha adelantado gestiones diplomáticas para que la mayor cantidad de países suscriba el acuerdo. Es común ver a Nelson, el líder de la agencia, visitando países para confirmar su apoyo. Bulgaria se convirtió este mes en la nación número 32 en firmar el documento. En la lista ya están España, Argentina, México, Japón, Brasil, Alemania. Pero India es la única otra potencia espacial que se ha sumado al plan de EE. UU.
Los Acuerdos de Artemis establecen «zonas de seguridad» que deberán respetar todos los países firmantes para prevenir conflictos. También establece que la exploración espacial debe ser exclusivamente con fines pacíficos y atendiendo el derecho internacional. Y garantiza una «extracción de recursos segura y sostenible».
Las polémicas sobre los Acuerdos de Artemis
El líder de la NASA ha dicho que son «principios de sentido común». Sirven para garantizar la paz, la colaboración y los sistemas unificados: «De forma que si alguien tiene que socorrer a otros astronautas, las naves tengan sistemas de atraque compatibles». Pero también, señaló Nelson en la entrevista de mayo pasado, para poner al margen a la competencia: «También se descarta que alguien pueda llegar a la Luna y reclamar territorio e impedir a los demás entrar. Y aquí estoy pensando en China».
Pero los Acuerdos de Artemis no son tan claros en todos sus puntos. Algunos, inclusos, polémicos. Las zonas de seguridad que menciona el documento, por ejemplo, son descritas como superficies reservadas para una actividad específica de algunos de los actores espaciales. Aclara que serán temporales y que cesarán cuando concluya dicha actividad, pero no dice más. Algunos expertos han advertido que la falta de definición y propósito claro puede llevar a interpretaciones grises, que violarían el principio de no apropiación del territorio lunar.
«Dependiendo del punto de vista de un actor en particular, las zonas de seguridad pueden describirse de varias formas», remarca Alejandro Q. Gilbert, de la Escuela de Minas de Colorado, en un análisis publicado en marzo en Journal of Space Safety Engineering. Gilbert dice que es de suponer que las zonas más controvertidas estén relacionadas con la extracción de recursos. «Si bien las zonas de seguridad pueden ser suficientes para la actividad de recursos a pequeña escala a corto plazo, la escala de la futura minería espacial a gran escala probablemente requiera un marco de gobernanza multilateral más amplio».
Otros analistas sostienen que estas zonas de seguridad servirían para limitar el acceso a la Luna a los países que no formen parte de los Acuerdos de Artemis. Esto convertiría a EE. UU. —el país que otorga licencias para la mayoría de las compañías espaciales del mundo— «en el guardián de facto de la Luna, los asteroides y otros cuerpos celestes», dicen Aaron Boley y Michael Byers, de la Universidad de Columbia Británica, en Science.
Las otras reglamentaciones sobre la propiedad de la Luna
Por consideraciones como estas —y por la disputa política y comercial histórica—, ni Rusia ni China han firmado estos acuerdos. Sin embargo, sí firmaron otro convenio, que los de Artemis refieren en gran parte de sus normas.
Las Naciones Unidas crearon en 1966 el Tratado del Espacio Exterior. A la pregunta sobre quién es el dueño de la Luna, la norma responde claramente: nadie. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Establece que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre la Luna y que la exploración espacial debe beneficiar a todos en la Tierra. Más de 100 países ratificaron el tratado, que prohíbe las pruebas de armas de cualquier tipo o la realización de maniobras militares en suelo lunar y el espacio.
Pero esta no es la única iniciativa que ha intentado reglamentar sobre la polémica. El 1979, apareció el Tratado de la Luna e incluye un punto clave: los actores privados. Ninguna parte de la Luna, dice el documento, «será propiedad de ningún Estado, organización internacional (intergubernamental o no gubernamental), organización nacional o entidad no gubernamental o de cualquier persona física». Pero solo una veintena de países lo han firmado. En la lista no están China, Rusia ni EE. UU.
Barack Obama, expresidente de EE. UU., firmó en 2015 una ley que otorgaba a las empresas privadas el derecho a poseer recursos que extraían en el espacio. «Pensamos que podemos extraer y utilizar los recursos de la Luna, al igual que podemos extraer y utilizar el atún del océano», dijo en 2020 el que era entonces administrador de la NASA, Jim Bridenstine.
La explotación de las grandes corporaciones
La imprecisión jurídica o la falta de acuerdo es un caldo para futuros problemas. «La minería espacial está sujeta a una política o gobernanza existente relativamente pequeña, a pesar de estos riesgos potencialmente altos», explica un artículo de RAND Corporation, una organización sin fines de lucro. La minería lunar «crea el potencial de conflicto entre Estados-nación en competencia, así como entre actores no gubernamentales».
La NASA ha dicho que espera comenzar a excavar suelo lunar en 2032. Gerald Sanders, científico de cohetes en el Centro Espacial Johnson de la NASA, dijo en junio pasado en la Conferencia Mundial de Minería que actualmente están analizando la potencialidad de los recursos en la Luna para, con datos en la mano, atraer la inversión privada.
Ya compañías como SpaceX —liderada por Elon Musk— y Blue Origin colaboran con la NASA. SpaceX es la encargada de fabricar la nave Starship, que llevará la próxima tripulación a la Luna. Y Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, diseñará un módulo lunar. También desarrolló un proceso patentado que le permite convertir piedras lunares en celdas solares y dijo que espera probarla pronto en el entorno real. Es solo cuestión de tiempo.
¿De quién es la Luna? Existió un «lunático» llamado Jenaro Gajardo Vera, un poeta y abogado chileno. Dicen que en 1954, Jenaro fue a una notaría en la ciudad de Talca para registrar la Luna como su propiedad. Pagó 42 pesos chilenos en todo el trámite. Realizó tres publicaciones en el Diario Oficial para ver si alguien reclamaba ser dueño del satélite. «Como no hubo oposición, se me concedió la inscripción», rescata una reseña de la Sociedad los Condores de Talca, organización de la que formó parte Jenaro.
Jenaro se hizo famoso. Dice la leyenda, alimentada por los Cóndores de Talca, que el presidente Richard Nixon solicitó permiso a Jenaro para que los astronautas Aldrin, Collins y Armstrong descendieran por primera vez en la Luna en 1969. El poeta celebró «el gesto democrático» y les dio su permiso.
Jenaro murió en 1998, a los 79 años de edad. Varios medios de Chile y el mundo recogen lo que supuestamente redactó en su testamento final: «Dejo a mi pueblo la Luna, llena de amor por sus penas».
